El fiscal del caso Alvia acaba de solicitar al juez instructor una serie de diligencias para aclarar si el ADIF estaba obligado a realizar un análisis integral de riesgos en la línea Santiago-Ourense, donde ocurrió el descarrilamiento del Alvia que provocó 80 muertos y 144 heridos. Este análisis global de la línea no consta en la causa y la mayoría de los peritos que analizaron el sistema de gestión de riesgos asumen que no existe. Tan solo se aportó el análisis relativo a los subsistemas de seguridad y señalización. La propia abogada del Estado aseguró que, en el momento de ponerse en servicio la línea, no existía la obligación legal de ese análisis integral. Tampoco los peritos -los de la aseguradora de Renfe y el catedrático Enrique Castillo Ron- se ponen de acuerdo en si existía una norma jurídica y técnica que obligara al ADIF a gestionar de forma integral los riesgos de la línea.

Ante estas discrepancias sobre la cuestión de fondo que motivó la reapertura de la instrucción por parte de la Audiencia Provincial de A Coruña, el fiscal del caso, Antonio Roma, quiere que sea la máxima autoridad europea en este asunto la encargada de aclarar todos estos extremos. Para ello pide al juez que reclame a la Agencia Ferroviaria Europea un informe sobre si existía una normativa técnica y jurídica que obligaba al ADIF a realizar esta evaluación integral de riesgos según los patrones comunes de los distintos paquetes ferroviarios de la Unión Europea (UE). También se le pide un dictamen sobre si existía consenso técnico respecto a la necesidad de elaborar este tipo de análisis antes de que se pusiera en servicio la línea en diciembre del 2011.

El plazo previsto para la elaboración de este informe es de un mes. El fiscal mantiene la necesidad de que declaren los técnicos de la unión temporal de empresas y de Ineco (empresa pública de ingeniería) que participaron en la elaboración de los registros de riesgo de los subsistemas de señalización y seguridad. Pero estas declaraciones quedarían de momento supeditadas al resultado del informe que se va a solicitar al organismo comunitario, que también sería clave para abordar posibles imputaciones. En paralelo, los tres peritos judiciales seguirán trabajando en este asunto.

La Agencia Ferroviaria Europea concluyó un informe el pasado mes de julio en el que cuestionaba la independencia de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). En ese informe se recriminaba a este organismo, entre otros asuntos, que no analizara suficientemente el sistema de gestión de riesgos de la línea. Tanto las víctimas como la defensa del maquinista habían solicitado previamente el auxilio de la Agencia en la causa.