El caso Alvia da este martes uno de los pasos clave en la instrucción judicial, después de que la Audiencia Provincial de A Coruña la reabriera paracomprobar si el ADIF evaluó de forma explícita el riesgo en la curva de Angrois, el único punto especialmente peligroso de los 87 kilómetros de la línea Santiago-Ourense. Los peritos de la aseguradora de Renfe (QBE), el holandés Frans Heijnen y el británico James Robert Catmur, fueron los primeros en intervenir en la vista para ratificar sus informes, en este caso muy críticos con la fórmula elegida por el administrador ferroviario para evaluar los riesgos de la línea, donde el descarrilamiento de un tren Alvia provocó la muerte de 80 personas y 144 heridos. Sencillamente creen que el riesgo en la curva era intolerable, lo que obligaba a los responsables de seguridad a desplegar elementos de protección -presentes en el resto de la línea- para disminuir el riesgo en la brusca reducción de velocidad -de 200 a 80 por hora en el caso del Alvia-, que quedaba en exclusiva en manos del maquinista. Ambos expertos en gestión de riesgos refrendaron las conclusiones de sus informes periciales a preguntas del fiscal, la Abogacía del Estado y los abogados de las partes.

Según el letrado que defiende al maquinista, Manuel Prieto, los dos técnicos contratados por QBE ratificaron por completo la inexistencia de un análisis integral de riesgos de la línea, vulnerando la normativa existente a este respecto. Este hecho fue ampliamente cuestionado por la abogada del Estado, que argumentó que no existe la obligación legal de realizar ese tipo de análisis de riesgo. La letrada que defiende los intereses del ADIF en la causa explicó que en los documentos recientemente presentados por el administrador ferroviario, que obligaron a retrasar la vista, sí existe un análisis del riesgo en el entorno de la estación de Santiago, algo que distintas partes del procedimiento negaron, pues la documentación se centra en el enclavamiento de O Irixo. «Los expertos ratificaron que un riesgo tan elevado no podía dejar la seguridad exclusivamente en manos del maquinista», explicó Manuel Prieto.

El catedrático de la Universidad de Cantabria Enrique Castillo Ron, al que el perito judicial Juan Carlos Carballeira encargó un cálculo del riesgo potencial en la línea, también ratificó su informe. Castillo Ron reconoció que la desconexión del ERTMS embarcado, solicitada por Renfe y autorizada por el ADIF, duplicó el riesgo en la curva. El catedrático coincidió con los peritos de la aseguradora de Renfe en que no existió una evaluación integral del riesgo en la línea, ni tampoco de la curva donde se produjo el descarrilamiento. Los dos peritos de QBE estuvieron a la espera de que el juez aceptara la petición de un careo entre ellos y el ingeniero Castillo Ron. Aunque coinciden en cuestiones centrales, hay variantes respecto a la cuantificación del riesgo y si el ADIF vulneró alguna normativa a este respecto. Finalmente, el juez instructor, Andrés Lago Louro, consideró que el careo no era pertinente.

Por su parte, Teresa Gómez Limón, portavoz de la Plataforma de víctimas que asistió a la vista celebrada en los juzgados de Santiago, consideró «asombroso» que siga sin haber más imputados en la causa además del maquinista. Mientras, el abogado del maquinista cree que la ratificación de los peritos puede abrir la puerta a nuevas imputaciones. No obstante, esa decisión no se tomará -si es que se toma- hasta que los tres peritos nombrados por el juzgado elaboren su informe sobre el análisis de riesgos.