Familiares de las víctimas han criticado en numerosas ocasiones el trato recibido por parte de la Generalitat, entonces presidiada por el popular Francisco Camps, que nos los recibió en el Palau de la Generalitat. Respecto a Cotino, familiares han denunciado que el entonces consejero de Agricultura acudió a casa de algunos de ellos para ofrecerles trabajo y otras ayudas a cambio de no personarse en el procedimiento judicial puesto en marcha.El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y el exconsejero Juan Cotino están citados este lunes en la comisión de las Cortes Valencianas en la que se investiga el accidente de metro del 3 de julio de 2006, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro 3 de Julio (AVM3J), Rosa Garrote, destacó el pasado 15 de enero -día en que se iniciaron las comparecencias de la comisión de investigación- que espera que Francisco Camps y Juan Cotino "den la cara".

Este lunes también están citados a comparecer en la comisión de investigación el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos, que será el primero en intervenir a las 10.30 horas. A esta comparecencia seguirá la de Cotino y la de Camps.

Por la tarde, a las 16.00 horas, será el turno del que fuera consejero de Infraestructuras y Transporte Mario Flores, aunque no en el momento del accidente, ya que ocupaba esta cartera José Ramón García Antón, quien falleció en 2009. La jornada la cerrará el secretario judicial del Juzgado número 21 de Valencia el 3 de julio de 2006.

Esta comisión de investigación, que se constituyó en las Corts el pasado 28 de septiembre, tiene previsto finalizar las comparecencias a mediados del mes de junio, tras haber oído a cerca de 70 personas.

En la primera comisión de investigación sobre el mismo accidente del metro, que se celebró en 2006 y duró nueve jornadas -cuatro de comparecencias-, el dictamen que aprobó el PP en solitario consideraba que el accidente no era ni "previsible" ni "evitable" y se eximía al Consell de cualquier responsabilidad política.

La diputada socialista Ana Barceló explicó en octubre de 2015, cuando se acordó el plan de trabajo de la comisión parlamentaria, que este órgano no era un tribunal de justicia pero sí tiene por objetivo averiguar, y depurar responsabilidades políticas si las hubiera, si las Administraciones Públicas valencianas funcionaron ante tamaño suceso y si la Generalitat atendió debidamente a las víctimas y a sus familiares.

Nueve años después del accidente, y con el cambio político en la Generalitat, el nuevo Gobierno valenciano, formado por Socialistas y Compromís, y apoyado por Podem, pidió perdón a las víctimas y a sus familiares y, junto a otros grupos políticos como Ciudadanos, aprobó una nueva investigación del suceso.