La operación Emperador, el golpe policial más importante contra el blanqueo de capitales en España, ha dejado al puerto de Valencia en el ojo del huracán de una polémica que ha salpicado también a la Aduana de Valencia. El fraude en los aranceles que la policía atribuye a la mafia china, unos 35.000 millones de euros en la última década, no sólo ha derrumbado el mito de que Hacienda somos todos, sino que ha socavado la eficacia de la Agencia Tributaria.

¿Pero cómo se oculta al fisco tanto dinero? ¿El puerto de Valencia cuenta con suficientes medidas de control de mercancías? ¿Cuántos agentes investigan el fraude? Algunas cifras facilitadas por la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y la Autoridad Portuaria contestan a estas preguntas. De los 90 agentes, ejecutivos y técnicos de la Agencia Tributaria -y los 160 guardias civiles y 80 policías destinados en el puerto de Valencia-, sólo una treintena de funcionarios investigan el fraude fiscal y analizan la documentación de miles de contenedores cada año.

Ante este déficit en el control de mercancías, el aumento de plantilla es la principal reivindicación del Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT) para la Aduana de Valencia. «La falta de personal es alarmante», afirma Paco Quiroga, secretario de Relaciones Institucionales de SIAT.

El Servicio de Vigilancia Aduanera cuenta en Valencia con una plantilla de 20 funcionarios para las labores de investigación, la gestión del escáner y el control de radiación denominado Megaports, un sistema financiado por el Gobierno de Estados Unidos. Pero los recortes en personal y la disminución del presupuesto para proyectos y sistemas de seguridad de la Aduana de Valencia merman el control de 65 millones de toneladas de mercancías -nueve de ellas procedentes de China- que entran en el puerto cada año, según confirmaron fuentes de la Agencia Tributaria.

Los agentes están desbordados por la ingente cantidad de documentación que tienen que analizar. «Estamos rozando eso que se llama el 'síndrome de estar quemado', y nos sentimos superados por el trabajo pendiente», reconoce un trabajador de la Aduana. Para mejorar la eficiencia del Servicio de Vigilancia Aduanera en Valencia sería necesario, según las mismas fuentes, «doblar la plantilla» que analiza la documentación de la mercancía e investiga a las organizaciones delictivas.

Tampoco se salva de los recortes la Autoridad Portuaria, que tiene problemas para el mantenimiento de los lectores de matrículas y cerca de 100 cámaras de vigilancia. Además, la falta de presupuesto ha paralizado un proyecto para la detección de dobles fondos en contenedores.

Según las últimas estadísticas de Puertos del Estado, Valencia supera ampliamente a Barcelona en el tráfico de mercancías. De enero a agosto de este año, el movimiento de contenedores se cifró en tres millones en el puerto de Valencia, mientras que en Barcelona el número ascendió a 1,2 millones.

«Duplicar o triplicar los controles conlleva un riesgo de ralentización de la actividad del puerto, lo que podría derivar operaciones mercantiles a otros puertos», advierte un experto aduanero. Por ello, las unidades de análisis de riesgo de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil realizan una labor muy importante para seleccionar los contenedores que deben abrir los agentes. «No se trata de inspeccionar más, sino de analizar e investigar más. Sólo así se pueden combinar seguridad y productividad», añade la mismas fuente portuaria.

A pesar de carga de trabajo y la falta de personal, la Aduana de Valencia intervino el año pasado productos falsificados por valor de 52 millones de euros. Las mayoría de estos artículos provienen de China, y el puerto de Valencia es la principal entrada de las importaciones españolas procedentes de este país. Prueba de ello son los 2,6 millones de toneladas de mercancías (un 17,7% del total de importaciones) que entraron el año pasado por los puertos de Valencia y Sagunto. Una ingente cantidad para controlar, aunque los agentes sólo abren e inspeccionan uno de cada diez contenedores procedentes de Asia, según fuentes de la Agencia Tributaria.

Cuando los funcionarios de la Aduana detectan un fraude en el valor o tipo de la carga, la empresa importadora se incluye en un sistema de alerta de mercancías sospechosas, lo que incita a muchas firmas a cambiar de nombre. El análisis de la documentación suele ser menos exhaustivo cuando una gran compañía figura como importadora, mientras que las inspecciones más rigurosas se reservan para las mercancías de pequeñas sociedades o particulares relacionados con supuestos casos de contrabando.

Pero el presidente de las Asociaciones Chinas de Cataluña, Lam Chuen Ping, considera que las revisiones aduaneras son arbitrarias. «Hay menos control en la entrada de mercancías del puerto de Valencia y el aeropuerto de Barajas, en Madrid, que en Barcelona», afirmó el dirigente chino en un programa de televisión. Pero Chuen Ping fue más lejos y lanzó una dura acusación contra la Guardia Civil. «Es más permisiva y hace la vista gorda en algunas aduanas», aseveró el empresario sin concretar más. Su colega Zuo Qun Cai, vicepresidente de la Asociación de Empresarios Chinos de la Comunitat Valenciana, no piensa lo mismo. «Llevo 20 años en España, y no he visto ninguna actitud permisiva en el puerto de Valencia», asegura Cai.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) tampoco da credibilidad a las acusaciones vertidas contra los agentes. «La función principal de los guardias destinados en el puerto es el control documental de las mercancías que autoriza la Agencia Tributaria», explica Pedro Díaz, secretario de comunicación de AUGC. «La propia Aduana nos indica qué mercancías tenemos que supervisar, y sólo unos pocos agentes se dedican a tareas de investigación», añade Díaz.

La asociación de guardias civiles demanda más formación para los agentes y la recuperación de la especialidad de fiscal, «cuyo curso se suprimió hace una década». En cuanto a la plantilla del puerto, AUGC pide que se incrementen los efectivos destinados a la investigación y análisis de mercancías, donde las vacantes «se cubren a dedo», sostiene Díaz. La Oficina de Análisis e Investigación Fiscal (ODAIFI) de la Guardia Civil cuenta con ocho guardias y un suboficial.

La organización que dirigía el empresario y marchante chino Gao Ping declaraba precios por debajo del valor real y menos mercancía de la que realmente transportaba. Una media de 150 contenedores llegaban cada mes al puerto de Valencia con material de ferretería, accesorios de cocina y juguetes, entre otros artículos, que Gao Ping distribuía desde sus empresas en Fuenlabrada -naves industriales que forman el llamado «Chinatown» madrileño-, el mayor centro de almacenamiento y distribución de mercancía asiática de Europa.

El género que introducía la organización de Ping es sólo una ínfima parte de los 20.000 contenedores procedentes de China que se descargan todos los meses en el puerto de Valencia. Sin embargo, las cifras de la operación Emperador indican que la vigilancia aduanera falló año tras año. De la ingente cantidad importada de mercancías, los tres grupos de la red desmantelada sólo declaraban la cuarta parte, en el mejor de los casos, mientras que el 75 por ciento restante llegaba al consumidor sin haber tributado jamás.

Gracias a este burdo procedimiento de ocultación del volumen de las importaciones, que durante años funcionó sin problemas en los puertos de Valencia y Barcelona, los tres grupos de la red china desmantelada llegaron a amasar algunos años -sobre todo antes de la crisis-, entre 350 y 400 millones de dinero negro.

Para el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar, el puerto asegura «la conectividad entre los distintos mercados mundiales», ya que opera con más de 140 líneas marítimas y 850 puertos en todo el mundo. Aznar pone especial énfasis en la importancia del puerto de Valencia como punto de conexión entre Asia y América. «Es la escala que menos demora ofrece para el transporte marítimo de todo el Mediterráneo», asevera.

Pero este liderazgo comercial y las conexiones con algunos países de Sudamérica suponen también dos condiciones ventajosas para las redes de narcotráfico que operan en Europa. Valencia actúa como enlace de inversiones pero también es un punto estratégico en la ruta de la cocaína, como los puertos de Amberes, Rotterdam y Barcelona.