El Consejo de Ministros aprobó ayer un plan de racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia que estarán financiados por el Estado, siendo declarados como obligación de servicio público, y que incluye catorce líneas que, de forma íntegra o parcial, transcurren por la comunidad autónoma andaluza.

Según explicaba el Ministerio de Fomento en una nota, se trata de las líneas Madrid-Jaén, Almería-Linares-Baeza, Córdoba-Jaén, Córdoba-Rabanales, Granada-Algeciras, Sevilla-Cádiz, Sevilla-Córdoba, Sevilla-Granada-Almería, Sevilla-Huelva, Sevilla-Jaén, Sevilla-Málaga, Sevilla-Mérida y Sevilla-Osuna.

A través de este plan, el Gobierno garantiza los servicios públicos de transporte de viajeros de interés general, apuesta por el modo que sea más eficiente en cada caso y aquel que suponga un menor coste para el ciudadano y garantiza los mayores estándares de calidad y seguridad en la prestación del servicio.

Según el Gobierno, el Ministerio de Fomento ha acometido este plan sobre la base de estudios rigurosos y datos objetivos, en un proceso transparente, con el consenso de las comunidades autónomas y con representantes de las organizaciones sindicales del sector.

Asimismo, indica que se garantizan los servicios públicos esenciales, si bien con una racionalización del gasto, ya que la situación económica exige eficiencia en el uso de los recursos públicos. El criterio general adoptado es la declaración como obligación de servicio público de todas las relaciones con un aprovechamiento superior al 15 por ciento.

No obstante, algunas en las que éste se sitúe entre el 10 y el 15 por ciento también podrán declararse como obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta criterios de conexión y vertebración territorial.

Se compatibiliza la racionalización del gasto con la continuidad de los servicios, aprovechando sinergias. De este modo, trenes de larga distancia podrán prestar cobertura a estos usuarios y en otros trayectos podrán sustituirse con transporte en autobús. Con ello, se logra un mejor ajuste que permite mantener las oportunidades de viaje. Junto a ello, otras de las medidas que se pondrán en marcha serán la mejora de los horarios o el uso de trenes más pequeños.

El plan de racionalización de servicios supondrá un ahorro progresivo hasta alcanzar en 2015 los 51 millones de euros anuales de costes directos. Asimismo, el Ejecutivo señala que el mismo se ha desarrollado siguiendo criterios objetivos de eficiencia social, medioambiental, y económica.

En la actualidad hay servicios ferroviarios que muestran «importantes ineficiencias». El 51,7 por ciento de los trenes se destinan a cubrir servicios que sólo utiliza un 16 por ciento de los viajeros y presentan un aprovechamiento inferior al 15 por ciento. En estos servicios de menor aprovechamiento se dan casos en los que el Estado llega a aportar hasta 371 euros por billete, frente a los 11 euros que paga el viajero.

Fomento deberá formalizar antes del 30 de septiembre de 2013 con Renfe Operadora el contrato de servicio público en el que se reflejen las condiciones en que se habrán de ejercer dichas obligaciones de servicio.