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ELPAIS.COM

23 diciembre 2013

OPINIÓN

La vertebración de la Comunidad Valenciana y la alta velocidad

El presidente de la Fundación Pro-AVE pide a Fomento que se acabe el tramo de alta velocidad entre Alicante y Valencia y se inicie las obras del AVE a Castellón

 

 22 DIC 2013 - 09:52 CET

 

El ministerio de Fomento está cumpliendo con el Corredor Mediterráneo y todo parece indicar que se cumplirán los plazos previstos de adaptación al ancho internacional, mediante el tercer hilo o carril, de la línea tradicional: en 2015 llegará el ancho europeo a Valencia, y en 2016 a Alicante. Esto no sólo constituye una muestra de seriedad, sino también de inteligencia, dada la trascendencia económica de este proyecto.

Y como muestra de inteligencia y la racionalidad, desde Pro-AVE pedimos al ministerio que profundice en su buen hacer ejecutando dos proyectos que, siendo fundamentales para la Comunidad Valenciana y beneficiosos para España, son económica y socialmente ventajosos. Se trata de la finalización del tramo de la alta velocidad entre Alicante y Valencia y el inicio, de una vez por todas, de las obras del AVE Valencia-Castellón. Con ello no sólo se enlazarían las principales ciudades de la Comunidad Valenciana en alta velocidad, sino que se daría un importante impulso a la conectividad de la cornisa mediterránea, el área más densamente poblada y la principal zona turística del país, con importantes efectos económicos.

Se trata de dos proyectos largamente postergados sin justificación alguna. El primero debía estar en funcionamiento en 2013, de acuerdo con la promesa hecha por el ministerio en 2010. El segundo hace tiempo que debiera estar en ejecución, para estar finalizado en 2015, como se prometió. Y razones sobran.

Primero, porque es un corredor con gran densidad demográfica, potencial de tráfico y altamente integrado en lo económico, social e institucional. Su viabilidad económica está garantizada y su relevancia social resulta indiscutible.

En segundo término, porque es una de las pocas grandes regiones del país cuyas principales ciudades no están conectadas en alta velocidad, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con Castilla-La Mancha, Andalucía o Cataluña, lo que constituye una injustificable discriminación.

En tercer lugar, porque dada la orografía de la región, la inversión necesaria por kilómetro construido es significativamente inferior a la media nacional (en torno a 13 millones de euros, frente a los 18 de media en el país).

En el caso de la línea de alta velocidad Alicante-Valencia, además de estar ya completada y en funcionamiento entre Alicante y La Encina, nos encontramos con que una gran parte de la infraestructura entre esta última localidad y la línea AVE Madrid-Valencia, con la que enlazaría para entrar en la ciudad del Turia, está ya preparada para la adaptación a la alta velocidad. En suma, se trata de una inversión modesta y sin apenas impacto presupuestario. Sin embargo, sus beneficios económicos, sociales y sobre la integración territorial de la Comunidad Valenciana serían de suma importancia. El ministerio se marcaría un tanto con una pronta finalización de las obras, y la Comunidad Valenciana vería mejorar sensiblemente la conectividad (el tiempo de desplazamiento entre Alicante y Valencia se vería reducido a unos 50 minutos) entre los dos espacios más importantes, tanto económica como demográficamente, de la Comunidad (Valencia y su Área Metropolitana y las ciudades del sur de la provincia de Alicante).

Por lo que respecta a Castellón y la Plana, la tercera área demográfica y económica de la Comunidad Valenciana en orden de importancia, la paralización lleva muchos años. Un hecho que resulta injustificable por varias razones.

En primer lugar, por la importancia demográfica y económica de la zona y su trascendencia como destino turístico del centro y norte de la Península.

En segundo término, porque es inadmisible que centros menos relevantes del país estén conectados en alta velocidad, o en proceso de serlo, mientras que Castellón y su área de influencia, situados en la línea que une a la segunda y tercera ciudades de España (Barcelona y Valencia), y dentro del triángulo de oro de los ferrocarriles españoles, no tenga proyecto ni fecha de inicio de obras.

En tercer lugar, pero no menos importante, porque con esta línea se cubriría una parte muy importante del trayecto en alta velocidad que uniría el gran espacio turístico formado por Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia, incrementando su atractivo y potencial económico y mejorando el producto turístico español, uno de los motores de la economía nacional.

Como hemos resaltado en varias ocasiones, somos conscientes de las restricciones presupuestarias del momento, pero cuando eso ocurre es cuando mayor debe ser el peso de los criterios de eficiencia y eficacia económica a la hora de asignar los recursos públicos. Las que aquí proponemos son inversiones modestas. La primera porque en gran parte ya está realizada. La segunda porque el coste por kilómetro es comparativamente muy bajo, cuando se relaciona con otras líneas nacionales. Y ambas son de probada rentabilidad. Tendrán, además, importantes efectos en la reactivación de la economía española. Y por si fuera poco, cuentan con la aportación de los fondos europeos asignados al Corredor Mediterráneo.

En consecuencia, por el impacto económico y social de ambos proyectos y por la modestia de las inversiones a realizar con recursos nacionales, no es aceptable que se aplique el criterio de ejecución “según las disponibilidades económicas”. Sería económicamente irracional, injusto y poco inteligente.

Desde Pro-AVE pedimos a la ministra Ana Pastor que acelere la ejecución de estos dos proyectos. La línea Alicante-Valencia en alta velocidad podría y debería estar en funcionamiento a finales del 2014 y las obras del AVE Castellón-Valencia es necesario iniciarlas ya con el objetivo de que esté en funcionamiento en 2016. Hay sobradas razones económicas de impacto nacional para llevar a cabo estas actuaciones. Pero para la Comunidad Valenciana sus consecuencias serían aún mayores: significativo efecto económico y social y gran impacto en la vertebración de la Región.

Federico Félix es presidente de la Fundación Pro-AVE

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