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31 marzo 2019

 

GALICIA

La trama que amañaba contratos del AVE tocó de lleno a la línea de Angrois

Una licitación del eje Santiago-Ourense fue clave para conocer los apaños empresariales

Un tren circulando por el viaducto do Eixo, en el eje de alta velocidad Santiago-Ourense Un tren circulando por el viaducto do Eixo, en el eje de alta velocidad Santiago-Ourense XOÁN A. SOLER

 

 
pablo gonzález
redacción / la voz 29/03/2019 00:13 h

La trama de empresas que amañaba concursos de electrificación y su mantenimiento en líneas de alta velocidad y convencionales tocó de lleno al eje Santiago-Ourense, donde se produjo el accidente de Angrois, pero también a algunas licitaciones del nuevo acceso ferroviario a Galicia entre Zamora y Ourense, e incluso entre Madrid y Olmedo, de donde parte la línea de alta velocidad gallega. Así se desprende del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la formación de carteles para el reparto de contratos del ADIF y, en menor medida, de Renfe. Esto supone que las 15 empresas declaradas responsables (Cobra, Elecnor, Siemens, Semi, Inabensa, Alstom, Cymi, Isolux, Electren, Comsa, Indra, Neopul, Telice, Eym y Citracc) deberán pagar sanciones que ascienden a 118 millones, aunque tienen la opción de recurrir la decisión ante la Audiencia Nacional. En paralelo, se multa a 14 directivos con una cantidad conjunta de 666.000 euros y se inicia el procedimiento para que las empresas no puedan beneficiarse de los contratos de la Administración.

Respecto a la actividad de la trama en Galicia, la inspección de la sede de Cobra proporcionó documentación muy relevante a los investigadores. Así, accedieron al texto de un acuerdo suscrito en abril del 2008 entre las empresas Cobra, Elecnor, Semi y Electrén para repartirse cinco licitaciones convocadas en enero y febrero de ese mismo año, contratos todos ellos de su especialidad, consistente en la construcción y posterior mantenimiento -durante un período variable de años- de los sistemas de electrificación, que son clave en las líneas de alta velocidad. En ese acuerdo se establecían las condiciones para repartirse los presupuestos de adjudicación, actuando unas empresas como adjudicatarias y otras como subcontratas. Y pactaron repartirse a partes iguales el 50 % del contrato, reduciendo, supuestamente, las posibilidades de competencia leal.

 
 
 
 

El anuncio de licitación de la construcción y mantenimiento de la línea aérea de contacto en el eje de alta velocidad Santiago-Ourense llegó el 7 de diciembre del 2009 -la línea se inauguraría justo dos años más tarde- y quedaba fuera del acuerdo. No obstante, «Cobra, Elecnor y Semi decidieron repartirse esta licitación», se explica en el informe de la CNMC. Pero las desavenencias entre Elecnor y Cobra provocaron un intercambio de correos que evidenciaban los supuestos amaños y fueron clave en el desmontaje del entramado empresarial.

El correo de un alto cargo de Elecnor a otros dos de Cobra y Semi en enero del 2010 decía lo siguiente sobre el contrato del AVE gallego: «Como todos sabemos, y debido a ciertas diferencias existentes con Elecnor en una obra de catenaria convencional en ejecución, Cobra decidió que, a la presentación de la oferta de referencia [la del AVE Santiago-Ourense] no acudiéramos Cobra, Elecnor y Semi conjuntamente, a pesar de recoger en el texto del correo que dicha oferta estaba contemplada en los acuerdos existentes entre las partes».

En el correo se evidencia la existencia de la concertación, de ahí su relevancia. El contrato se adjudicaría a Elecnor por 25,7 millones, frente a los 26,6 que ofreció la ute formada por Cobra, Semi y Citracc (entonces Balfour). En un documento hallado después esta licitación aparecía en otro acuerdo de reparto con Electrén y Alstom.

 
 
 
 

Algunas empresas ya preparan su recurso ante la Audiencia Nacional

Empresas implicadas en el supuesto fraude de amaño de contratos ya preparan sus recursos ante la Audiencia Nacional, el órgano jurisdiccional ante el que pueden recurrirse las sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Comsa, una de las empresas sancionadas y que podría arriesgarse a no tener contratos con la Administración, define como «arbitraria» e «injusta» la sanción impuesta por Competencia y anuncia que recurrirá en sede judicial esta decisión.

La CNMC, en cambio, considera probado que las once empresas se repartieron 24 licitaciones, valoradas en 837 millones, para la construcción y mantenimiento de la electrificación del AVE durante 8 años, entre el 2008 y el 2016. Varias de ellas afectan a tramos del AVE entre Madrid y las principales ciudades gallegas y en ocasiones se remontan al 2003.

Otros intentos

Incluso intentaron repartirse contratos que finalmente se replantearon, como los proyectos de electrificación en colaboración público privada licitados por ADIF entre febrero y marzo del 2011 para el itinerario entre Olmedo (Valladolid) y Ourense. Y también la catenaria Olmedo-Zamora-Pedralba, a las puertas de Galicia, según la información aportada por Alstom, que accedió a colaborar con la CNMC. Hay incluso contratos para el mantenimiento de túneles en el AVE gallego.

Estas son las mayores multas de la CNMC

B. C. Competencia investiga un posible cartel de las carreteras que se reparte el mercado Competencia investiga un posible cartel de las carreteras que se reparte el mercado SANDRA ALONSO

El organismo se asegura de que las empresas no actúen como un cartel cuando fijan precios

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) viene de multar a 15 empresas con 118 millones de euros por repartirse durante años concursos públicos del ADIF, algunos de ellos del AVE gallego. En sus 6 años de actividad, esta es la segunda mayor sanción impuesta por el organismo, que controla a las empresas para evitar que fijen precios como un cartel.

En Galicia, sectores tan importantes como el lácteo acumulan sanciones millonarias de la CNMC. A finales del pasado año, Competencia multó a nueve empresas y dos asociaciones gallegas con 88,2 millones de euros. Las investigaciones revelaron prácticas que infringen la ley de competencia, como el intercambio de información de precios, volúmenes de compra o excedentes de leche. Con estos datos, las empresas podían funcionar como un cartel y acordar precios.

 

 

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