27 | 06 | 2017

PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACION (ADIF Y RENFE)

Abogacía del Estado » DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL » Personal Laboral De La Administración
 
 

Régimen jurídico aplicable al personal laboral de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Interpretación del artículo 25.1 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. Inaplicabilidad del apartado 3 del artículo 55 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) a la entidad pública empresarial ADIF.

1065  PERSONAL  LABORAL  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  75.  R        A                  I      F            (ADIF)  Régimen  jurídico  aplicable  al  personal  laboral  de  la  entidad  pública  empresarial  Administrador  de  Infraestructuras  Ferroviarias  (ADIF).  Interpretación  del  artículo  25.1  de  la  Ley  39/2003,  de  17  de  noviembre,  del  Sector  Ferroviario.  Inaplicabilidad  del  apartado  3  del  artículo  55  de  la  Ley  6/1997,  de  14  de  abril,  de  Organización  y  Funcionamiento  de  la  Administración  General  del  Estado  (LOFAGE)  a  la  entidad  pública  empresarial  ADIF  *.

ANTECEDENTES  1.  Con  fecha  de  16  de  junio  de  2004  la  Abogacía  del  Estado  en  el      ente  Gestor  de  Infraestructuras  Ferroviarias  (GIF)  emitió  informe,  a  solicitud  de  dicha  entidad  pública  empresarial,  sobre  «la  articulación  de  los  artículos  25.1  de  la  Ley  39/2003,  de  17  de  noviembre,  del  Sector  Ferroviario,  y  55  de  la  Ley  6/1997,  de  14  de  abril,  de  Organización  y  Funcionamiento  de  la  Administración  General  del  Estado»,  concluyendo  en  dicho  informe  que:  «[…]  la  Ley  del  Sector  Ferroviario  tiene  idéntico  rango  legal  que      la  LOFAGE,  por  lo  que  en  el  momento  de  su  entrada  en  vigor,  sus  preceptos  tendrán  el  carácter  de  lex  posterior  y  lex  specialis  respecto  de  aquélla  como  lex  anterior  y  generalis,  y  en  consecuencia  revestirán  preferente  aplicación  al  Sector  Ferroviario.

Otra  cuestión  es  la  de  si  en  ese  texto  de  aplicación  prelativa  se  contempla  una  exclusión  taxativa  de  los  ordinales  3  a  5  del  artículo  55  de  la  LOFAGE:  en  este  punto,  la  opinión  deviene  más  lingüística  que  jurí  dica,  y  si  bien  es  verdad  que  no  se  excepciona  expresamente  la  aplicación  de  dichas  reglas,  lo  cierto  es  que  no  tendría  sentido  la  referencia  exclusiva  a  las  dos  primeras  sin  colegirse  una  mens  legislatoris  en  tal  sentido,  y  por  tanto  parece  razonable  la  afirmación  de  que,  pese  a  que  el    *  Dictamen  de  la  Abogacía  General  del  Estado  de  5  de  noviembre  de  2004  (ref.:  A.  G.  Entes  Públicos  76/2004).  Ponente:  Raquel  Ramos  Vallés.

1066  75  legislador  desea  en  términos  generales  la  aplicación  de  la  totalidad  de  la    norma  del  artículo  55  de  la  LOFAGE  a  las  Entidades  Públicas  Empresariales,  en  el  caso  concreto  del  Sector  Ferroviario  ha  decidido  que  solamente  se  produzca  la  de  sus  dos  primeros  párrafos».

2.  Elaborado  el  borrador  de  Real  Decreto  por  el  que  se  aprueba  el  Estatuto  del  Administrador  de  Infraestructuras  Ferroviarias  (en  adelante,  ADIF),  se  dio  a  su  artículo  27,  «Régimen  del  personal»,  la  siguiente  redacción:  «El  régimen  jurídico  del  personal  laboral  de  la  entidad  pública  empresarial  ADIF  y  su  contratación  se  ajustará,  de  conformidad  con  el  artículo  25  de  la  Ley  del  Sector  Ferroviario,  al  Derecho  laboral,  conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  55.1  y  2  de  la  Ley  de  Organización  y  Funcionamiento  de  la  Administración  General  del  Estado.»  3.  Con  fecha  de  14  de  octubre  de  2004  la  Secretaría  General  Técnica  del  Ministerio  de  Economía  y  Hacienda  emitió,  respecto  al  borrador  de  Real  Decreto  de  referencia,  el  informe  previsto  en  el  artículo...  » 

«... 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, formulando, entre otras, las siguientes consideraciones: «16. Respecto al régimen de personal de la entidad (art. 27) hay que tener en cuenta que en la disposición adicional tercera de la Ley del Sector Ferroviario, en su apartado 11, se establece que el personal de la entidad pública empresarial RENFE-Operadora se ajustará al régimen propio de las sociedades mercantiles. Sin embargo, en la citada Ley no se excluye del régimen general aplicable al personal de las entidades públicas empresariales al personal del ADIF.

Por lo tanto, también es de aplicación al ADIF lo establecido en el apartado 3 del artículo 55 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y en el artículo 34 de la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004.

[…].» 4. Con fecha de 29 de octubre de 2004 el Presidente del GIF solicitó informe a este Centro Directivo sobre «cuál deba ser la recta interpreta ción que deba hacerse del artículo 25.1 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario y en particular si, tal y como consideró en su informe de 16 de junio de 2004 la Abogacía del Estado en el GIF, debe entenderse que, pese a que el legislador desea en términos generales la aplicación de la totalidad de las normas del artículo 55 de la LOFAGE a las entidades públicas empresariales, en el caso concreto del Sector Ferroviario ha decidido que para la entidad ADIF solamente se produzca la de sus dos primeros párrafos o si, por el contrario, y tal y como ha conside rado en su informe la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda, es de aplicación a dicho personal el apartado 3 del artículo 55 de la LOFAGE».

1067 75 FUNDAMENTOS JURÍDICOS I. Se formula consulta acerca de la interpretación que, con arreglo a Derecho, haya de efectuarse del artículo 25.1 de la Ley 35/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (LSF), a cuyo tenor: «El régimen jurídico del personal laboral del administrador de infraestructuras ferroviarias y su contratación se ajustará al Derecho laboral, conforme a lo previsto en el artículo 55.1 y 2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.» La redacción de dicho precepto y, más concretamente, la remisión que en el mismo se efectúa a los apartados 1 y 2 del artículo 55 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), ha suscitado opiniones divergentes en la Abogacía del Estado en el GIF y en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda respecto de la aplicación al ADIF del resto de los apartados (hasta cinco) del precepto citado, y especialmente respecto a la aplicación a dicha entidad pública empresarial del apartado 3 de dicho artículo 55, que establece que «la determinación y modificación de las condiciones retributivas,... » 

«... tanto del personal directivo como del resto del personal requerirán el informe conjunto, previo y favorable de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda».

Así, la Abogacía del Estado en el GIF entiende que la mención que el artículo 25.1 de la LSF efectúa a los apartados 1 y 2 del artículo 55 de la LOFAGE permite presuponer una voluntad del legislador dirigida a declarar aplicables al ADIF únicamente esos dos apartados del artículo 55 de la LOFAGE que expresamente se individualizan, lo que, a su juicio, permiti ría concluir en la inaplicabilidad del apartado 3 del citado artículo 55 a dicha entidad pública empresarial.

Por su parte, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Econo mía y Hacienda entiende que resultan de aplicación al ADIF tanto el artículo 55.3 de la LOFAGE como el artículo 34 de la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2004 (LPGE), que desarrolla los requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario, y ello por cuanto que, a diferencia de lo que ocurre con RENFE-Operadora, cuyo régimen de personal se somete expresamente en la LSF al régimen propio de las sociedades mercantiles, la citada LSF no excluye respecto al ADIF la aplicación del régimen de personal previsto con carácter general para las entidades públicas empresariales en la LOFAGE.

En definitiva, la cuestión debatida y objeto del presente informe estriba en determinar si, conforme al artículo 25.1 de la LSF, resulta aplicable al ADIF el artículo 55.3 de la LOFAGE –que, como se ha indicado, 1068 75 exige el informe conjunto, previo y favorable de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda para la determinación y modificación de las condiciones retributivas del personal laboral de las entidades públicas empresariales–, así como el artículo 34 de la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, que, en desarrollo del anterior, establece los requisitos para la determinación o modificación de las retribuciones del personal laboral y no funcionario durante el ejercicio presupuestario de 2004.

II. La determinación de si, a tenor de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la LSF, el artículo 55.3 de la LOFAGE resulta aplicable al ADIF es una cuestión interpretativa que procede examinar con detenimiento, ya que existen argumentos que, en principio, permitirían considerar justificable tanto una conclusión favorable como desfavorable a la aplicación del precepto legal últimamente citado al ADIF.

En aras de la claridad, conviene transcribir íntegramente los dos preceptos a los que afecta esta discrepancia interpretativa, cuales son el artículo 25.1 de la LSF y el artículo 55 de la LOFAGE.

El artículo 25.1 de la LSF, incluido en el capítulo V de su Título II, que lleva por rúbrica «El administrador de infraestructuras ferroviarias», dispone, como ya se ha indicado: «El régimen jurídico del personal ... » 

«...laboral del administrador de infraestructuras ferroviarias y su contratación se ajustarán al Derecho laboral, conforme a lo prevenido en el artículo 55.1 y 2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.» Por su parte, el artículo 55 de la LOFAGE, con el título de «Personal al servicio de las entidades públicas empresariales», se compone de cinco apartados del siguiente tenor literal: «1. El personal de las entidades públicas empresariales se rige por el Derecho laboral, con las especificaciones dispuestas en este artículo y las excepciones relativas a los funcionarios públicos de la Administración General del Estado y, en su caso, de otras Administraciones Públicas, quienes se regirán por la legislación sobre Función Pública que les resulte de aplicación.

2. La selección del personal laboral de estas entidades se realizará conforme a las siguientes reglas: a) El personal directivo, que se determinará en los estatutos de la entidad, será nombrado con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 10 del artículo 6 de esta Ley, atendiendo a la experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.

b) El resto del personal será seleccionado mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

1069 75 3. La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal directivo como del resto del personal, requerirán el informe conjunto, previo y favorable de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda.

4. Los Ministerios a que se refiere el apartado anterior efectuarán, con la periodicidad adecuada, controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos, conforme a los criterios previamente establecidos por los mismos.

5. La ley de creación de cada entidad pública empresarial deberá determinar las condiciones conforme a las cuales los funcionarios de la Administración General del Estado y, en su caso, de otras Administraciones Públicas, podrán cubrir destinos en la referida entidad, y establecerá, asimismo, las competencias que a la misma correspondan sobre este personal que, en todo caso, serán las que tengan legalmente atribuidas los Organismos autónomos.» Siendo la cuestión que se suscita de carácter interpretativo procede acudir a los criterios hermenéuticos que, con carácter general, enumera el artículo 3.1 del Código Civil, con arreglo al cual «las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas».

Pues bien, la cuestión objeto de consulta (aplicabilidad o no al ADIF del art. 55.3 de la LOFAGE, a tenor de lo dispuesto en el art. 25.1 de la LSF) puede abordarse... » 

«... desde dos perspectivas distintas: A) Tesis favorable a la aplicabilidad al ADIF del artículo 55.3 de la LOFAGE.

En favor de esta posición –a la que se adscribe la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda– cabría invocar, en pri mer lugar, una interpretación gramatical del artículo 25.1 de la LSF, con arreglo al cual la mención que en dicho precepto se efectúa a los aparta dos 1 y 2 del artículo 55 de la LOFAGE no sería sino la especificación legal de los preceptos que, en su condición de entidad pública empresarial, resultan aplicables al ADIF en las dos concretas materias que en el artículo 25.1 de la LSF se enumeran, esto es, «régimen jurídico del perso nal» y «contratación» de dicho personal, que están reguladas, respectivamente, en los apartados 1 y 2 del artículo 55 de la LOFAGE. Dicho de otro modo, de acuerdo con esta primera interpretación el artículo 25.1 de la LSF se estaría limitando a indicar que, en los dos aspectos que se citan –régimen jurídico del personal laboral del ADIF y contratación del mismo–, resultan aplicables los dos apartados del artículo 55 de la LOFAGE que regulan, respectivamente, dichas materias y que constituyen la regulación general para las entidades públicas empresariales, sin prejuzgar, por tanto, la aplicación o no al ADIF del resto de apartados del artículo 55 de la LOFAGE, por lo que, dada la vocación de generalidad que cabe atribuir a este texto 1070 75 legal, y a falta de especificación expresa en contrario en la LSF, habría que considerar aplicables a la citada entidad pública empresarial.

Avalaría esta primera interpretación la circunstancia de que la LSF en otro supuesto, concretamente, en relación con la entidad pública empresarial RENFE-Operadora, sí establezca expresamente la aplicación de un régimen de personal distinto al que, como tal entidad pública empresarial, correspondería a aquella entidad con arreglo a la LOFAGE, al establecer la disposición adicional tercera.11 de la LSF que «el régimen sobre personal de RENFE-Operadora se ajustará al régimen de las sociedades mercantiles estatales». Este dato permitiría concluir que, de haber sido voluntad del legislador establecer un régimen de personal peculiar para el ADIF distinto al previsto con carácter general en el artículo 55 de la LOFAGE, dicha voluntad tendría que haberse exteriorizado en el propio texto legal, tal y como ocurre en el caso de RENFE-Operadora, lo que respecto al ADIF no se ha producido.

En apoyo de esta primera posición cabría también invocar el hecho de que el artículo 34 de la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de PGE pa ra 2004, incluya a las entidades públicas empresariales en la relación de entes públicos para los que se precisa el informe favorable conjunto de los Ministerios de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas en la determinación o modificación de las condiciones retributivas del personal laboral a su servicio.

B) Tesis contraria a la aplicabilidad... » 

«... del artículo 55.3 de la LOFAGE al ADIF.

Frente a la interpretación anterior –con arreglo a la cual habría que considerar aplicable al ADIF el art. 55.3 de la LOFAGE–, existen otros argumentos que, a juicio de este Centro Directivo, tienen mayor entidad y consistencia jurídica y que justifican fundadamente la conclusión contraria, esto es, la inaplicabilidad al ADIF del artículo 55.3 de constante referencia. Dichos argumentos pueden sistematizarse del siguiente modo: 1. Interpretación gramatical del artículo 25.1 de la LSF.

El mismo criterio de interpretación gramatical que, conforme a lo indicado, permitiría fundamentar la primera de las tesis examinadas constituye, a juicio de este Centro Directivo, un argumento más sólido a favor de la tesis contraria, con arreglo a la cual el artículo 55.3 de la LOFAGE no resultaría de aplicación al ADIF.

Así, cabe entender que la circunstancia de que el artículo 25.1 de la LSF únicamente remita a los apartados 1 y 2 del artículo 55 de la LOFAGE es una manifestación clara de la voluntad del legislador de que sean exclusivamente dichos apartados, y no los tres restantes del artículo 55, los que resulten aplicables al ADIF en materia de personal. Efectivamente, conforme a esta segunda interpretación hay que concluir que, teniendo el artículo 55 de la LOFAGE cinco apartados dedicados al «personal al servicio de las entidades públicas empresariales» y citando la norma de crea1071 75 ción del ADIF (art. 25.1 de la LSF) únicamente los dos primeros, han de ser única y exclusivamente esos dos apartados, y no los restantes, los que, a tenor del texto legal, han de considerarse aplicables al ADIF. Y ello por cuanto que parece lógico entender que, cuando el legislador distingue y cita individualizadamente en la LSF algunos de los diversos apartados del precepto de la LOFAGE que contiene la regulación general en materia de personal al servicio de las entidades públicas empresariales, ello responde a un propósito consciente y deliberado del propio legislador.

Esta interpretación gramatical resulta, además, coincidente con el resultado de la aplicación de otros criterios hermenéuticos que seguidamente se exponen.

2. Interpretación sistemática del artículo 25.1 de la LSF.

Como punto de partida a este respecto ha de considerarse lo dispuesto en el artículo 61.1 de la LOFAGE, con arreglo al cual: «La creación de […] las entidades públicas empresariales se efectuará por ley. La ley de creación establecerá: […].

b) En su caso, los recursos económicos, así como las peculiaridades de su régimen de personal, de contratación, patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que, por su naturaleza, exijan norma con rango de ley.» Del anterior precepto se desprende que, aun constituyendo la LOFAGE un marco normativo con vocación de generalidad respecto a todos los organismos públicos en general –y a las entidades públicas empresariales en el particular, como es el caso que se examina–,... » 

«... la propia LOFAGE expresamente contempla y admite la posibilidad de atender a las concretas peculiaridades que, en su caso, puedan concurrir en algunas de estas entidades, peculiaridades que, como excepciones a la regulación contenida en la norma legal general, habrán de articularse necesariamente en norma con rango de ley.

Tal es lo que, en opinión de este Centro Directivo, ha pretendido el legislador con la regulación que del ADIF se establece en la LSF. Dicha Ley contiene una regulación específicamente aplicable a esta entidad pública empresarial que, en diversas materias, difiere expresamente de la prevista con carácter general para las entidades públicas empresariales en la LOFAGE.

Así, el artículo 20 de la LSF al regular la naturaleza jurídica del ADIF define también el régimen jurídico aplicable al mismo, y declara que dicha entidad pública empresarial «[…] se regirá por lo establecido en esta Ley, en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, en su propio Estatuto y en las demás normas que sean de aplicación». Resulta significativo que en la enumeración de la normativa aplicable al ADIF se cite, en primer término y antes 1072 75 que la LOFAGE, la ley de creación de esta entidad pública empresarial, dato que ya induce a considerar que dicha Ley establece, conforme a lo previsto en el artículo 61.1 de la LOFAGE, un régimen jurídico peculiar aplicable al ADIF con carácter especial y preferente.

Abunda en esta idea la regulación concreta que, en determinadas materias de las enumeradas en el artículo 61.1.b) de la LOFAGE, se introduce en la LSF respecto al ADIF.

Así por ejemplo, el régimen patrimonial del ADIF es el específicamente previsto en el artículo 24 de la LSF, y en cuanto a su régimen tributario, declara el artículo 26 de dicho texto legal que «el administrador de infraestructuras ferroviarias quedará sometido al régimen tributario propio de las entidades públicas empresariales, con las particulares que esta ley prevé».

En materia de contratación, dispone el artículo 22.5 de la LSF que «el administrador de infraestructuras ferroviarias podrá realizar la construcción o administración de infraestructuras ferroviarias mediante la celebración del oportuno contrato de concesión de obras públicas, que se regirá por lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con las especificaciones previstas en la presente Ley».

En este contexto, cobra sentido la interpretación que aquí se sostiene con arreglo a la cual la remisión que el artículo 25.1 de la LSF efectúa a los apartados 1 y 2 del artículo 55 de la LOFAGE supone el establecimiento, en la ley de creación del ADIF, de una regulación peculiar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 61.1 de la LOFAGE, en materia de régimen de personal de esta entidad pública empresarial, peculiaridad que consiste precisamente en la exclusión de la aplicación del apartado 3 del artículo... » 

«... 55 de la LOFAGE al ADIF.

3. Interpretación histórica y teleológica o finalista.

De la regulación contenida en la LSF y, especialmente, en sus disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, cabe deducir una voluntad del legislador contraria a la aplicabilidad al ADIF del artículo 55.3 de la LOFAGE.

La LSF aborda una reordenación integral del sector ferroviario estatal, disociando la administración de las infraestructuras ferroviarias, que se encomienda al ADIF, de la prestación del servicio de transporte ferroviario, que se atribuye a otra nueva entidad pública empresarial denominada RENFE-Operadora.

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) pasará a denominarse, en la fecha de entrada en vigor de la LSF (lo que, conforme al Real Decreto-Ley 1/2004, de 7 de mayo, tendrá lugar el 31 de diciembre de 2004), Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), integrando, además, al actual Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), que quedará extinguido. Por su parte, RENFE-Operadora se cons1073 75 tituirá con los bienes, derechos y obligaciones de los que fuera titular RENFE que estuvieran afectos o sean necesarios para la prestación del servicio de transporte ferroviario. Así se desprende de las disposiciones adicionales primera.1 («La entidad pública empresarial RENFE pasa a denominarse Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y asume las funciones asignadas al administrador de infraestructuras ferroviarias en esta ley»), segunda.1 («Queda extinguida la entidad pública empresarial Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. La entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras ferroviarias se subrogará en todos los derechos y obligaciones de aquélla y será titular de todos los bienes de dominio público o patrimoniales que en la fecha de entrada en vigor de esta ley tenga adscritos o pertenezcan a la entidad pública empresarial Gestor de Infraestructuras Ferroviarias»), y tercera, apartados 1 y 2, de la LSF («Se crea la entidad pública empresarial RENFE-Operadora, como organismo público de los previstos en el artículo 43.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril […]»; «El objeto de la entidad RENFE-Operadora es la prestación de servicios de transporte ferroviario tanto de mercancías como de viajeros […]»).

Por otra parte, conforme a la disposición adicional primera.2 de la LSF «el personal que, en el momento de entrada en vigor de esta ley, preste sus servicios en la entidad pública empresarial RENFE se mantendrá en la plantilla de la entidad pública empresarial Administración de Infraestructuras Ferroviarias, salvo el que esté vinculado a la prestación del servicio de transporte ferroviario y el que resulte preciso para la puesta en marcha y funcionamiento de la entidad pública empresarial RENFE-Operadora […]», añadiendo dicho precepto que «de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, […] se entenderá que existe sucesión ... » 

«...de empresas entre la entidad pública empresarial Gestor de Infraestructuras Ferroviarias y la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias», y estableciendo, finalmente, el apartado 3 de la citada disposición adicional que «el Minis tro de Fomento velará, especialmente, por el adecuado cum-plimiento de lo previsto en el apartado anterior, […]. Asimismo, tutelará el respeto de las condiciones laborales del personal de la entidad en tanto éstas no sean sustituidas mediante la correspondiente negociación colectiva».

Siendo voluntad del legislador, manifestada en la disposición adicional primera.3 de la LSF, garantizar el respeto a las condiciones laborales del personal de la entidad, resulta esclarecedor, en orden a determinar lo que se persigue con la redacción del artículo 25.1 de la LSF, atender a la situación preexistente a este respecto. Dicho de otro modo, si el personal que pasa a integrarse en el ADIF viene disfrutando de unas condiciones laborales especiales y, concretamente, no se halla sometido a las exigencias del artículo 55.3 de la LOFAGE (informe conjunto, previo y favorable de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda en la determinación o modificación de sus condiciones retributivas), habrá que concluir que, por expresa disposición legal, tales condiciones tendrán que 1074 75 ser respetadas cuando dicho personal pase a prestar sus servicios en el ADIF, y que, en tal caso, la omisión de una remisión o referencia al artículo 55.3 de la LOFAGE en el artículo 25. 1 de la LSF responderá a una decisión deliberada del legislador.

Pues bien, estando el personal del ADIF mayoritariamente constituido por el personal que, en la fecha de entrada en vigor de la LSF, se encuentre en la plantilla de la entidad pública empresarial RENFE (salvo el que, por prestar servicios relacionados con el transporte ferroviario de mercancías o de viajeros, pase a incorporarse a RENFE-Operadora), por ser proporcionalmente mucho más reducido el número de trabajadores del GIF que habrán de integrarse en el ADIF, lo razonable y coherente es pensar que no será aplicable al personal de esta nueva entidad pública empresarial lo previsto en el artículo 55.3 de la LOFAGE, dado que, como seguidamente se expondrá, dicho precepto legal no ha sido aplicado al personal de RENFE.

Así, el artículo 34 de la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de PGE para 2004 establece, bajo la rúbrica «Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario»: «Uno. Durante el año 2004 será preciso informe favorable conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Administraciones Públicas para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal laboral y no funcionario al servicio de: […] d) Las restantes entidades públicas empresariales y entes públicos, en las condiciones y por los procedimientos que se establezcan por la Comisión Interministerial... » 

«... de Retribuciones, atendiendo a las características específicas de aquéllas.» La misma redacción se contiene en los preceptos equivalentes de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de años anteriores (v.gr., art. 34 de la Ley 55/2002, de PGE para 2003, y art. 35 de la Ley 23/2001, de PGE para 2002).

Tales preceptos incluyen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.3 de la LOFAGE, a las entidades públicas empresariales entre los entes públicos que precisarán el informe favorable conjunto de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda para determinar o modificar las condiciones retributivas de su personal laboral y no funcionario, pero «en las condiciones y por los procedimientos que al efecto se establezcan por la Comisión Interministerial de Retribuciones, atendiendo a las características específicas de aquéllas».

Pues bien, las resoluciones que sucesivamente viene aprobando la CECIR, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 61/2003 y preceptos equivalentes de las anteriores Leyes de Presupuestos Generales del Estado, exceptúan a RENFE, en atención a sus peculiares características, de la exigencia del informe previo y conjunto para la modificación 1075 75 de las condiciones retributivas de su personal laboral. Así el acuerdo de la CECIR de 22 de enero de 2004, por el que de determinan las condiciones y procedimientos para la modificación durante el año 2004 de las retribuciones del personal laboral y no funcionario de las entidades públicas empresariales y otros organismos públicos, declara en su punto séptimo que «la entidad pública empresarial Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), sin perjuicio del límite material de incremento sala rial previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004, en atención a sus peculiaridades, queda exceptuada del trámite al que se refieren los puntos 1 y 2 de esta Resolución» (que desarrollan la exigencia prevista en el art. 34 de la LPGE para 2204 de informe favorable conjunto de los Ministerios de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas para el personal cuyas retribuciones se determinan por medio de contrato individual –punto 1–, y para el personal sujeto a Convenio Colectivo –punto 2–).

Idéntica redacción se recoge en el punto 7 del acuerdo de la CECIR de 16 de enero de 2003, por el que se determinan las condiciones y procedimientos para la modificación durante el año 2003 de las retribuciones del personal laboral y no funcionario de las entidades públicas empresariales y otros organismos públicos, y en el punto 6 del acuerdo de la CECIR de 18 de enero de 2002, por el que se determinan dichas condiciones y procedimientos para el ejercicio 2002.

Resulta así que, al amparo de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de los sucesivos ejercicios, la CECIR ha venido exceptuando a RENFE, en atención a sus especiales características, de la exigencia... » 

«... del informe favorable y conjunto de los dos Ministerios de continua referen cia, lo que constituye un precedente reiterado cuya trascendencia, a los efectos que aquí se examinan, no cabe desconocer.

Efectivamente, la exclusión de la entidad pública empresarial RENFE en las sucesivas resoluciones que la CECIR ha venido dictando en desarrollo del artículo 34 de la Ley 61/3003 y preceptos equivalentes de las anteriores Leyes de Presupuestos Generales del Estado permite apreciar la existencia de unas condiciones laborales especiales en favor de tales trabajadores en materia de determinación y modificación de su régimen retributivo cuyo respeto viene impuesto por el legislador, a tenor de lo establecido en la disposición adicional primera.3 de la LSF, lo que, a juicio de este Centro Directivo, constituye un argumento definitivo a favor de la tesis contraria a la aplicabilidad del artículo 55.3 de la LOFAGE al ADIF. Y ello por cuanto que la falta de mención, en el artículo 25.1 de la LSF, del apartado 3 del artículo 55 de la LOFAGE responde, sin duda, a la voluntad del legislador de reconocer, en la norma reguladora de esta entidad pública empresarial de nueva creación, la situación fáctica preexistente del perso nal de RENFE al que no se ha venido aplicando el correspondiente precepto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado relativo a la exigencia de informe favorable y conjunto de los Ministerios de Hacienda 1076 75 y de Administraciones Públicas, personal que, como se ha indicado, es el que ha de integrar en un porcentaje muy elevado el personal del ADIF.

En atención a todo lo expuesto, la Abogacía General del EstadoDirección del Servicio Jurídico del Estado formula la siguiente CONCLUSIÓN Se aprecia fundamento jurídico suficiente para considerar que el apartado 3 del artículo 55 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado no resulta aplicable a la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

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