El Tribunal Constitucional ha anulado una resolución de las Cortes Valencianas de 2017 que declaraba a Dionisio García Gómez, director de recursos humanos de la empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana cuando ocurrió el accidente de Metro de Valencia de 2006, que dejó 43 muertos y 47 heridos, como uno de los "responsables" del siniestro, junto a otros directivos. En una sentencia que ha contado con dos votos particulares, el pleno del tribunal de garantías ha concluido que se vulneró el derecho al honor del exresponsable de la compañía pública.

Según los magistrados, las Cortes Valencianas no declaraban "responsable político" a García, sino "responsable" a secas. "Por tanto, esta declaración de responsabilidad está referida al campo de su actividad profesional en el seno de la citada empresa pública, no a una supuesta condición de sujeto sometido a la responsabilidad política de la Cámara", afirma la resolución del Constitucional, que añade: "Las conclusiones que los Parlamentos puedan alcanzar en el ejercicio de sus facultades investigadoras deben estar exentas de cualquier apreciación o imputación individualizada de conductas o acciones ilícitas a los sujetos investigados".

En esta línea, los magistrados recuerdan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde la perspectiva del derecho a la presunción de inocencia en su dimensión extraprocesal, ha resaltado "la importancia de la elección de los términos empleados por los agentes del Estado en las declaraciones que formulen antes de que una persona haya sido juzgada y reconocida culpable de una infracción".